La nueva Ley de Morosidad planea dar un trato de favor para las constructoras.

Expansión 9-6-2010
El Pleno del Senado aprobará hoy -salvo giro dramático de última hora- la reforma de la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad, que pasará al Congreso de los Diputados para su ratificación final.
La nueva norma instaurará unos plazos de pago máximos obligatorios de 30 días para el sector público y de 60 para las empresas. Se prohibirá dilatar esas franjas mediante un pacto entre las partes. Para facilitar la adaptación a esta nueva situación, se permitirá una reducción escalonada de los plazos, hasta el punto de no retorno de 2013. Así, las empresas deberán pagar las facturas a sus proveedores en no más de 85 días desde la entrada en vigor de la ley y a lo largo de 2011, en un plazo 75 días en 2012 y de 60 días, definitivamente, desde 2013, año. Para ello se modificará la Ley de Contratos del Sector Público.
Pero no todas las empresas tendrán las mismas condiciones. Según ha podido saber EXPANSIÓN, los grupos parlamentarios del Senado ultimaban anoche una enmienda transaccional transitoria que concedería una salvedad “posibilista” a los contratos de obras públicas, en aras de hacer una ley realista y no tan dramática. El sector público podría, gracias a esta modificación, tardar 120 días en pagar a las constructoras las certificaciones de obras. O sea, 70 días más tarde de los 50 que estipulaba para las administraciones en 2011 el texto legal que salió del Congreso hacia el Senado. En 2012 el plazo se reduciría a 90 días, en 2013 a 60 días y en 2014 al definitivo de 30 días.
Y las empresas adjudicatarias de esas obras podrían, a su vez, beneficiarse del mismo plazo de pago a sus subcontratistas. Es decir, las constructoras podrán estirar en 35 días sobre lo estipulado su plazo de pago. Los plazos de las compañías seguirían el mismo escalonamiento hasta 2013. Al cierre de esta edición, los grupos estudiaban la enmienda para que no contenga “ningún truco” que dé pie a la picaresca para pagar más tarde. Y había consenso en que la medida es un balón de oxígeno plausible para el sector. Faltaba por atraer al PSOE para apuntalarla.
Las constructoras han hecho un fuerte esfuerzo de concienciación a los senadores de que su caso es distinto del resto. De hecho, a finales de 2009, la deuda vencida de las administraciones publicas con el sector era de 16.400 millones de euros. “Está claro que los contratistas financian a la Administración”, apuntan desde la patronal de constructoras Anci.
Pero, a su vez, los subcontratistas están financiando a las constructoras, que actualmente registran plazos de pago superiores a 200 días en varias autonomías, según la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad, la agrupación que más ha luchado por que esta ley saliera adelante “de forma justa” y sin grietas que perjudiquen a las pymes, las que más sufren la morosidad. Así, la ley podría salvar 600.000 empleos.
La patronal de las grandes constructoras, Seopan, ha empujado para seguir pactando plazos de pago entre las empresas, con confirming. Se trata de un modelo de descuento financiero de las facturas a cambio de un interés y una comisión. Pero todos los partidos menos el PSOE rechazan, hasta el día de hoy, esa fórmula, que permite demorar el pago fácilmente. Anci, por su parte, ha enviado una carta a senadores demandando que los constructores que contratan con el sector público puedan seguir pactando plazos con sus proveedores, “por dos años”. Esta tesis también se rechazaba al cierre de esta edición.
Una de las modificaciones más llamativas, de cara a la galería, que incluiría la reforma de la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales sería, sin duda, la obligación de estipular en las cuentas anuales el plazo medio de pago a los proveedores. Esta imposición –a punto de rubricarse– supondrá que cualquiera podrá saber fácilmente si la empresa con la que va a contratar cumple los plazos de pago que estipula la ley o si, por el contrario, es morosa.
Además, las asociaciones sectoriales podrían demandar motu proprio a las compañías que se financien a costa de las pymes. Hasta ahora, éstas temían demandar por miedo a represalias empresariales. Otra novedad será que la distribución podrá seguir agrupando facturas durante 15 días, como adelantó EXPANSIÓN el lunes.