La morosidad de los españoles con Hacienda llega a 30.000 millones. El Mundo 9-1-2011
La morosidad también está afectando a Hacienda. Según un documento interno de la Agencia Tributaria, el periodo medio de cobro está aumentando por los efectos de la crisis económica y explica el crecimiento de la deuda que los españoles tienen con la Administración Pública. La cuantía total ya asciende a casi 30.000 millones de euros, cifra que marca un récord.
Este altísimo dato incluye la cuantía denunciada en vía penal por delito fiscal. También la deuda ejecutiva que gestiona Hacienda de otros entes, por ejemplo los ayuntamientos (unos 3.000 millones). El endeudamiento equivale a unas seis veces el importe que se recaudará con la subida del IRPF que el Gobierno ha decidido para este año; también a tres puntos de PIB para reducir el déficit.
Además, se desconoce -es el secreto mejor guardado- el monto total de la deuda que se considera incobrable. Es decir, la cantidad que se intenta cobrar y que cada año es declarada irrecuperable al haber prescrito tras los cuatro años preceptivos. Según fuentes de la Agencia Tributaria, lo que se intenta es seguir realizando algún tipo de actuación para evitar precisamente esa prescripción. Así, todavía hay expedientes de entre 20 y 30 años y que pese a la activación permanente no tienen viso alguno de poder ser cobrados.
¿Cuánto se puede cobrar de ese agujero? A finales de octubre del año pasado el importe de la deuda pendiente en fase de embargo ascendía a 13.555 millones. Es decir, presuntamente, están trabados bienes suficientes para responder a esta actuación. Pero, ante la dificultad para su ejecución, se están renovando muchos de los embargos. Por otra parte, una vez que se ha procedido al embargo de los bienes, tampoco es posible su venta para saldar la deuda porque ha caído espectacularmente el interés en las subastas (también en las que realiza la Seguridad Social).
El resto de la deuda pendiente, más de 9.000 millones, se encuentra en situaciones diversas. Es decir, está aplazada, suspendida por interposición de recurso en los tribunales o en proceso concursal. También puede haber aquí problemas de cobro, sobre todo en las suspensiones de pagos.
Lo mismo ocurre con la deuda avalada en los recursos. Según fuentes de la inspección, «hay que confirmar que las garantías presentadas son buenas. Hay casos en los que se han ido suspendiendo los avales, porque existía una segunda hipoteca sobre los bienes».
En total, esa deuda directa de unos 23.000 millones ha crecido exponencialmente en los últimos años. Por ejemplo, cuando la crisis económica comenzó en 2007 estos impagos alcanzaban los 10.354 millones.
En cuatro años, se han duplicado (122% más). El 2010, últimos datos oficiales conocidos, la deuda era de 19.152 millones, lo que supone un alza en 2011 de al menos un 20%, el mismo porcentaje que en el año anterior. A ello está contribuyendo el aumento de la morosidad. En el documento de Hacienda se señala que «la evolución de la deuda pendiente es similar a la del resto de los agentes económicos, básicamente las entidades financieras». En este sentido, el informe indica a título de ejemplo que la morosidad del sector financiero ha pasado del 0,72% al 6,69% en el segundo trimestre de 2011. Sin embargo, la deuda pendiente del fisco crece a un ritmo muy superior.
Según los expertos consultados, «antes de subir impuestos, el Gobierno debería plantearse que se recaudara la deuda pendiente de todo aquel que ha defraudado». En realidad, «este dinero es ficticio hasta que no se sustancie», añaden. Sobre todo, desde que la prescripción se ha bajado a los cuatro años. Por tanto, identifican tres tipos de contribuyentes. Los que pagan; los que se ocultan y «los que son descubiertos pero no pagan».
El problema se acentúa además en el cobro de las deudas por vía penal. Según este informe interno, la cuantía denunciada ascendía hasta el 30 de septiembre de 2011 a 6.289 millones de euros. Es la deuda que la Administración Tributaria considera que los defraudadores debieron ingresar y no lo hicieron, y por esas cuantías están denunciados por delito fiscal.
Pero ocurre que las leyes actuales benefician a los delincuentes fiscales, sólo hay unos 70 en las cárceles (pero no por delito fiscal sino por otros delitos económicos y societarios), ya que este tipo de pleitos no necesita ni siquiera garantía alguna para su cobro.
Es decir, si Hacienda realiza una declaración paralela de 1.500 euros a un trabajador con nómina, a los tres meses ya tiene embargado el sueldo para cubrir el desfase. Pero si se trata de un delito no es posible la actuación de embargo y la deuda no se puede cobrar hasta que un juez lo dictamine. Puede tardar ocho o más años.
Es lo que el Gobierno debe corregir, ya que como señalan algunos inspectores «muchos de los que pillamos con más de 120.000 euros defraudados al año (delito fiscal) nos comunican que han actuado adrede para que les enviemos a la Justicia por delito y así evitan el posible embargo».